TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA SAN CRISTÓBAL, VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL SEIS.
195º y 146º
De la revisión periódica del archivo del Tribunal, se desprende que en el presente expediente se han efectuado las siguientes actuaciones procesales:
En fecha 09 de julio del 2.004, este Tribunal admitió demanda de COBRO DE BOLÍVARES interpuesta por el ciudadano CARLOS ENRIQUE PINEDA VIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V 3.734.996, de este domicilio, debidamente asistido por las abogadas ZULAY MERCEDES GONZÁLEZ CONTRERAS y DELCIA LOURDES ACEVEDO BASTOS, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V- 9.224.439 y V- 9.246.530, respectivamente, de este domicilio e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los Nros 48.546 y 53.121 en su orden, en contra de los ciudadanos WOLFANG ALEXANDER VARELA COLMENARES y SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V- 3.064.972 y V- 5.646.980 respectivamente, del mismo domicilio, la cual se tramitó por la vía del PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN previsto en el Código de Procedimiento Civil; para lo cual se ordenó la intimación de los demandados de autos, para que dentro del plazo de 10 días de despacho siguientes después de intimado el último, apercibidos de ejecución, pagaran la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs 5.500.000,oo) por concepto de capital, más la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs 756.253,oo) por concepto de intereses y la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs 1.556.263,25) por concepto de honorarios profesionales o formulasen oposición a la demanda; se decretó medida preventiva de embargo, para lo cual se comisionó al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal, Torbes, Cárdenas, Guasimos, Fernández Feo, Libertador y Andrés de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 12 de julio del 2.004 (fl 08), la parte actora confirió poder apud acta a las abogadas ZULAY MERCEDES GONZÁLEZ CONTRERAS y DELCIA LOURDES ACEVEDO BASTOS, identificadas en autos.
En fecha 23 de julio del 2.004 (fl 09), se libraron las correspondientes compulsas de intimación y se le entregaron al Alguacil del Tribunal para la practica de la misma.
En fecha 05 de octubre del 2.004 (fl 14), el codemandado SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ, se dio por intimado en la presente causa.
En fecha 15 de diciembre del 2.004 (fl 45), la abogada ZULAY MERCEDES GONZÁLEZ CONTRERAS, con el carácter acreditado en autos, solicitó se notificara nuevamente al codemandado SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ, por cuanto habían transcurrido más de 60 días, sin haber sido posible la citación del codemandado WOLFANG ALEXANDER VARELA COLMENARES.
En fecha 21 de diciembre del 2.004 (fl 26), este Tribunal ordeno nuevamente la intimación de los demandados.
En fecha 03 de febrero del 2.005 (fl 17) se libraron las compulsas para la intimación de los demandados, siendo entregadas al Alguacil del Tribunal en la misma.
Este Tribunal, en virtud de previa revisión de las actas que conforman el presente expediente, constató que la parte actora no ha efectuado ninguna actuación procesal dirigida para lograr la intimación de los ciudadanos WOLFANG ALEXANDER VARELA COLMENARES y SERGIO ANTONIO HERNÁNDEZ, identificados en autos, en contravención al ordinal 1ro del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; por su parte el mencionado artículo y ordinal 1ro establecen:
Artículo 267: “Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.”
También se extingue la instancia:
Ordinal 1º “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.” (Subrayado del Tribunal).

De conformidad con el artículo trascrito, en concordancia con el dispositivo técnico legal 269 ejusdem, la perención puede declararse de oficio por el Tribunal, en cualquiera de los casos taxativos, previstos en el artículo 267 ejusdem; por su parte el mencionado artículo establece:
Artículo 269: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.(Subrayado del Tribunal)

En el caso de autos, este Tribunal observa para declarar la perención de la instancia que ha transcurrido más de un año sin que la parte actora efectúe ningún acto de procedimiento y más de treinta días a contar desde el 03 de febrero del 2.005, fecha en que se libraron las compulsas para la intimación de los demandados y hasta la presente fecha, el demandante no ha cumplido con las obligaciones que le impone la ley para lograr la intimación personal de la parte demandada; verificado como ha sido, que han transcurrido más de un año en el primer supuesto y más de treinta días desde la mencionada fecha, quien aquí juzga, considera aplicable Sentencia N° RC-0172 del 22 de junio del 2001, proferida en el juicio de Raúl Esparza y otra contra Marco Fuglia Morggese y otros, sobre las obligaciones que debe cumplir el demandante para que no se produzca la Perención de la Instancia, la Sala sostuvo lo siguiente:
“En relación con la doctrina contenida en el fallo del 29 de noviembre de 1995, la cual aquí se abandona (sic), la Sala encuentra que la única exigencia de que trata el ordinal 1 del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil para que se produzca la perención es que el actor no cumpla con todas las obligaciones que tiene a cargo. Por ende al cumplir al menos con alguna de ellas ya no opera el supuesto de hecho de la norma. Además de que luego del pago del arancel judicial respectivo para la citación personal, las actuaciones subsiguientes corresponde realizarlas íntegramente al Tribunal pues el Alguacil es el único que puede proceder a practicar la citación. Por tanto si las actuaciones subsiguientes a ser realizadas luego del pago de arancel judicial para el libramiento de la compulsa y boleta, así como para el traslado del Alguacil escapan del control de la parte actora, es imposible sostener que entre cada hecho para la citación como erróneamente se estableció en la sentencia del 29 de noviembre de 1995, aquí abandonada, no debe mediar un lapso de 30 días, sin que pueda ser causal de perención de la instancia que el actor luego de cumplir con alguna de las obligaciones que le impone la Ley, abandone el íter procesal de no realizar el acto inmediato subsiguiente, pues justamente esos actos en gran medida, sino todos dependen del comportamiento y actuación de los funcionarios del Tribunal. En resumen la doctrina de la Sala en la materia, es que para que se produzca la perención de la instancia contemplada en el ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el actor debe incumplir con todas las obligaciones que la ley le impone para practicar la citación del demandado. Asimismo que una vez el actor cumpla con alguna de sus obligaciones no tiene ya aplicación la perención breve de que trata el ordinal 1° del articulo 267, pues las actuaciones subsiguientes para la citación del demandado corresponden al Tribunal de la causa y no tiene que mediar un lapso de treinta días en el iter procesal, sino que para que se produzca la perención de la instancia tendría que transcurrir un año sin que medie la ejecución de ningún acto de procedimiento por las partes. (Subrayado del Tribunal).

Ahora bien, como lo ha sostenido el Alto Tribunal, el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley, siendo entonces la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta que se produzcan para su declaratoria 1) falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes, 2) la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento. De allí tenemos que a partir del auto de admisión de la demanda, el actor tenia la obligación de cumplir las actividades y obligaciones que le impone la Ley, para que fuese practicada la intimación de la parte demandada; la omisión en la falta de gestión procesal por parte del demandante para la intimación en forma personal de los demandados de autos, dan al Tribunal, la determinación y existencia de la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, por lo que se concluye que existe perención. Y así se decide.
Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y EXTINCIÓN DEL PROCESO.

LA JUEZ

REINA MAYLENI SUAREZ SALAS.
LA SECRETARIA

IRALÍ J URRIBARRI D.
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior sentencia siendo la 11:00 de la mañana del día de hoy.
LA SECRETARIA

IRALÍ J URRIBARRI D.

EXP Nº 31021
C.M.