JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA SAN CRISTOBAL, 31 DE ENERO DEL DOS MIL SEIS. 195º y 146º De la revisión periódica del archivo del Tribunal, se desprende que en el presente expediente se han efectuado las siguientes actuaciones procesales: En fecha 08 de octubre del 2.004, este Tribunal admitió demanda de DIVORCIO interpuesta por la ciudadana MARIA ELIDA MÉNDEZ DE VERDU, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 6.847.686, de este domicilio, asistida por el abogado en ejercicio MILCIADES RODRÍGUEZ PALACIOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.198.885, de este domicilio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 49.806, en contra del ciudadano JUAN JOSÉ VERDU, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E- 84.035.412, del mismo domicilio, la cual se tramitó por la vía del procedimiento correspondiente, previsto en el Código de Procedimiento Civil; para lo cual se ordenó que luego de citado el demandado y pasados cuarenta y cinco días de la citación, debía comparecer por ante este Tribunal, a los efectos de realizar el primer acto conciliatorio y de no lograrse la reconciliación en dicho acto, el segundo acto tendría lugar a la misma hora, pasados 45 días después del prior acto y en caso de no haber reconciliación, la contestación de la demanda tendría lugar al quinto día de despacho siguiente. En fecha 17 de noviembre del 2.004 (fl 11), el Alguacil del Tribunal informó haber notificado al Fiscal del Ministerio Público. En fecha 17 de diciembre del 2.004 (fl 12), el abogado CARLOS EDUARDO BRICEÑO NEVADO, actuando con el carácter de FISCAL DÉCIMO CUARTO AUXILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO, solicito que las partes informaran si procrearon hijos, para así salvaguardar el derecho de los mismos si los hubiere y fueren menores de edad. Este Tribunal, en virtud de previa revisión de las actas que conforman el presente expediente, constató que la parte actora no ha efectuado ninguna actuación procesal dirigida para lograr la citación del ciudadano JUAN JOSÉ VERDU, identificado en autos, en contravención al encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y específicamente en su ordinal 1ro; por su parte el mencionado artículo y ordinal 1ro establecen: Artículo 267: “Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.” También se extingue la instancia: Ordinal 1º “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.” (Subrayado del Tribunal). De conformidad con el artículo trascrito, en concordancia con el dispositivo técnico legal 269 ejusdem, la perención puede declararse de oficio por el Tribunal, en cualquiera de los casos taxativos, previstos en el artículo 267 ejusdem; por su parte el mencionado artículo establece: Artículo 269: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente. En el caso de autos, este Tribunal observa para declarar la perención de la instancia que ha transcurrido más de un año sin que la parte actora efectúe ningún acto de procedimiento y más de treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, la cual se efectuó el día ocho de octubre del 2.004 y hasta la presente fecha, la demandante no ha cumplido con las obligaciones que le impone la ley para lograr la citación personal del demandado de autos; verificado como ha sido, que han transcurrido más de un año en el primer supuesto y más de treinta días desde la mencionada fecha de admisión, quien aquí juzga, considera aplicable al caso de autos, jurisprudencia de fecha 06 de julio del 2004, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en la que se estableció lo siguiente: “…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratitud constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta Sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. (Subrayado del Tribunal). De la jurisprudencia trascrita se desprende la obligación que tiene la parte actora de proporcionarle al Alguacil los recursos necesarios, para la practica de la citación y así evitar la perención de la instancia breve, siendo que en el caso de autos dicha obligación no fue satisfecha en el lapso previsto por el ordinal 1ro del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; en este orden de ideas y como lo ha sostenido el Alto Tribunal, el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley, siendo entonces la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta que se produzcan para su declaratoria 1) falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes, 2) la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento. De allí tenemos que a partir del auto de admisión de la demanda, el actor tenia la obligación de cumplir las actividades y obligaciones que le impone la Ley, para que fuese practicada la citación de la parte demandada, cuales eran la de cancelar los emolumentos previstos en la Ley de Arancel Judicial (hoy derogada por imperativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y posteriormente aquellos pagos que impliquen la forma de emplazamiento que hayan de producirse, como es el pago de las copias fotostáticas de la demanda, que se adjuntara a la orden de comparecencia; la omisión en la falta de gestión procesal por parte de la demandante para la citación en forma personal de la demandada de autos, dan al Tribunal, la determinación y existencia de la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, por lo que se concluye que existe perención. Y así se decide. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA y en consecuencia, LA EXTINCIÓN DEL PROCESO. LA JUEZ REINA MAYLENI SUAREZ SALAS. El SECRETARIO TEMPORAL ISRAEL ENRIQUE RINCÓN ROMERO. En la misma fecha se dictó y publicó la anterior sentencia siendo la 11:00 de la mañana del día de hoy. El SECRETARIO TEMPORAL ISRAEL ENRIQUE RINCÓN ROMERO. EXP Nº 31192 C.M.