REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. 195º Y 146º EXPEDIENTE Nº 1230/2005 PARTE DEMANDANTE: La ciudadana ALIDA DEPABLOS DEPABLOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.171.712 y domiciliada en el Municipio Libertad del Estado Táchira. PARTE DEMANDADA: El ciudadano PEDRO RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.248.410 y con domicilio en el Municipio Libertad del Estado Táchira. MOTIVO: FIJACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA A FAVOR DE LOS NIÑOS GLENDA CAROLINA y DAVID LEONARDO. PARTE NARRATIVA Al folio 1 y 2, corre inserto escrito presentado en fecha 14 de junio de 2005, por la ciudadana ALIDA DEPABLOS DEPABLOS, mediante el cual demanda al ciudadano PEDRO, con el fin de que se fije la Obligación Alimentaría a favor de sus hijos GLENDA CAROLINA y DAVID LEONARDO, la cual estima en CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00) SEMANALES, para los gastos de la época escolar y época decembrina TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,00), así como el 50% de los gastos de médico y medicina. Alega la solicitante que tiene dos (02) años separada del padre de sus hijos, que la ayuda, pero le da el dinero a los niños y éstos se la gastan en chucherías y a veces le ayuda en los gastos de comida; que tiene una situación económica muy difícil para sustentar los gastos de sus hijos y no le alcanza para cubrir sus necesidades; que actualmente está sin empleo y quien la mantiene es su actual pareja. Anexó recaudos, cursantes a los folios 3, 4 y 5. Al folio 6, corre agregado auto de fecha 21 de junio de 2005, mediante el cual se admite la solicitud de Obligación Alimentaría presentada por la ciudadana ALIDA DEPABLOS DEPABLOS; se acordó la citación del ciudadano PEDRO RAMÍREZ y la Notificación al Fiscal XIV del Ministerio Público. Al folio 7, corre agregada diligencia suscrita por el Alguacil de este Tribunal, ciudadano MARTÍN CONTRERAS, mediante la cual consigna Boleta de Citación del ciudadano PEDRO RAMÍREZ, debidamente firmada por él (folio 8). Al folio 9, corre inserta Acta de fecha 03 de agosto de 2005, mediante la cual siendo el día y hora fijados para la celebración del Acto Conciliatorio, las partes no se hicieron presentes ni por sí, ni por medio de apoderados, en virtud de lo cual se declaró desierto el acto y de conformidad con el Artículo 517 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, se abrió el lapso probatorio. Al folio 10, corre agregada diligencia suscrita por el Alguacil de este Tribunal, ciudadano MARTÍN CONTRERAS, mediante la cual consigna Boleta de Notificación al Fiscal XIV del Ministerio Públicos, debidamente firmada (folio 11). PARTE MOTIVA ESTE TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA: 1º CONFESIÓN FICTA DEL OBLIGADO ALIMENTARIO: De las actas procésales se desprende, que el obligado alimentista fue debidamente citado para celebrar el acto conciliatorio con la madre de la acreedora alimentaria; sin embargo, en la oportunidad fijada para llevar a cabo dicho acto, no se hizo presente ni por sí, ni por intermedio de apoderado. De igual manera, tampoco acudió durante el lapso de pruebas, por lo cual no expuso sus excepciones y defensas en ninguna oportunidad, tal como lo señala el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. De manera que, ante la rebeldía presentada por el obligado alimentario en ejercer su derecho a la defensa, resulta aplicable lo previsto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil el cual nos indica: “Si el demandando no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca”. En el presente caso, el demandado debió acudir al acto conciliatorio o en su defecto dar contestación a la demanda incoada en su contra; sin embargo no se hizo presente ni por sí, ni por medio de apoderado judicial. En virtud de la inasistencia del accionado a dar contestación a la demanda dentro de su oportunidad, le es aplicable la normativa de la ley adjetiva civil, relativa a la confesión ficta del demandado; así tenemos el criterio de nuestro máximo Tribunal en Sala de Casación Civil, en reiteradas sentencias ha enumerado las circunstancias que deben concurrir para que se produzcan los efectos atribuidos por la Ley a la Confesión Ficta, estableciendo: “… Conforme a lo anterior, es ineludible que el juez examine tres (3) situaciones, a saber: a) Que el demandado no diere contestación a la demanda; b) Que la demanda no sea contraria a derecho, o sea que la acción propuesta no esté prohibida por la ley, sino por el contrario amparada por ella; y c) Que nada probare que le favorezca, es decir, que el demandado no haya ejercido su derecho a promover y evacuar las pruebas que le favorezcan, o aun cuando las hubiese presentado y evacuado, no sean capaces de desvirtuar las alegaciones de la demandante (sentencia de fecha 27 de agosto de 2004)…” (Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Oscar Pierre Tapia, Tomo 4, año 2005, Pág. 586). En el caso bajo estudio, se observa que el demandado se encontraba en conocimiento de la demanda interpuesta en su contra, no obstante ello, asumió una actitud de franca rebeldía, toda vez que dentro de la oportunidad de dar contestación a la misma, no se hizo presente ni por sí, ni por medio de apoderado judicial, con lo que se configuró el primer requisito de la norma, para que proceda la confesión ficta, por no haber dado contestación a la demanda dentro del lapso previsto en el artículo 514 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Con respecto al segundo requisito de la norma, para que proceda la confesión ficta, abierta la causa a pruebas, la parte demandada no probó nada que le favoreciera y tampoco alegó el caso fortuito o la fuerza mayor que le hubiese impedido dar contestación a la demanda, si tal fuera el caso, configurándose otro de los requisitos de la norma invocada. Por último, acerca del tercer requisito, se observa que la pretensión de la demandante no sólo no es contraria a derecho, sino que está amparada por la legislación especial que regula los derechos de los niños y adolescentes, normas que tienen el carácter de orden público. Conforme con lo antes expuesto, es criterio de quien juzga que se encuentran llenos los extremos exigidos por el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, para que el demandado SEA DECLARADO CONFESO. Y ASÍ SE DECIDE. 2º CAPACIDAD ECONÓMICA DEL OBLIGADO ALIMENTARIO: A los fines de resolver la solicitud de obligación alimentaria, debe verificarse si el obligado tiene posibilidades económicas de proporcionar a la reclamante los recursos suficientes que se le pidan, conforme se desprende del artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente: “El juez debe tomar en cuenta, para la determinación de la obligación alimentaría, la necesidad e interés del niño o del adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado. Cuando el obligado trabaje sin relación de dependencia, su capacidad económica se establecerá por cualquier medio idóneo. El monto de la obligación alimentaria se fijará en salarios mínimos y debe preverse su ajuste en forma automática y proporcional, sobre la base de los elementos antes mencionados, teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela”. (Cursivas y Negrillas del Tribunal). En consonancia con lo anterior, el artículo 294 del Código Civil, dispone: “Para fijar los alimentos se atenderá a las necesidades del que lo reclama y al patrimonio de quien haya de prestarlo”. Aunado a lo anterior, es oportuno traer a colación el criterio plasmado por la doctora YDAMYS ÁVILA GARCÍA, en su obra titulada “LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA EN LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE”, página 82, donde señala lo siguiente: “…Una vez que se haya establecido el real carácter de legitimado pasivo del demandado, se aprecia que sólo se requiere para que proceda el reclamo de las pensiones alimenticias, que éste posea recursos económicos para suministrarlos… …Poco resta por agregar; cuando se trata de los alimentos para niños y adolescente, es evidente que éste requiere de un nivel de vida adecuado para crecer de manera integral y que son sus protectores natos, sus padres, quienes deben, en primer término, suministrárselos sin que se requiera prueba alguna de otros elementos, salvo que se trate de casos especiales, de problemas de salud, por ejemplo…”. Estas normas consagran el deber, y en criterio de quien aquí juzga, la obligación del Juez de fijar la obligación alimentaria atendiendo al Interés del Niño y del Adolescente y a la capacidad económica del obligado. En el presente caso, observa esta operadora de justicia, que de las actas procesales no se verifica la capacidad económica del obligado, pues sólo se desprende lo dicho por la parte demandante en el escrito de la solicitud, que labora con un carro libre, pero aun así, atendiendo a los presupuestos procesales existentes en el juicio, es que esta Sentenciadora fija y determina el monto de la obligación alimentaria, ya que al no estar debidamente comprobada la capacidad económica del obligado alimentario, la misma por mandato legal, debe ser determinada por el operador de justicia a través de cualquier medio idóneo, tomando como base para dicha determinación el contenido del artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En tal sentido, analizados como han sido los supuestos de hecho y derecho en el presente juicio y establecida como ha quedado la obligación alimentaria del demandado con respecto a sus hijos; y por cuanto constituye un hecho público y notorio la situación económica que vive el país, este Juzgado de los Municipios Independencia y Libertad de esta Circunscripción, considera que la obligación alimentaria acordada esta ajustada a las condiciones y necesidades del presente caso, tomando en consideración la especialidad de la materia. ASÍ SE DECIDE. PARTE DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos, este Juzgado de los Municipios Independencia y Libertad de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR AUTORIDAD DE LA LEY y en virtud del INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS GLENDA CAROLINA y DAVID LEONARDO, DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud de OBLIGACIÓN ALIMENTARIA presentada por la ciudadana ALIDA DEPABLOS DEPABLOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 13.171.712 y domiciliada en el Municipio Libertad del Estado Táchira; contra el ciudadano PEDRO RAMÍREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.248.410 y con domicilio en el Municipio Libertad del Estado Táchira. SEGUNDO: SE FIJA LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA a la cantidad de SETENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 70.000,00) MENSUALES, los cuales deberá depositar el obligado alimentario en la cuenta de ahorros que este Tribunal ordenará abrir para tal fin. TERCERO: En cuanto a los gastos de la temporada escolar y decembrina, se fija una cuota extraordinaria, en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,00), cada una, adicionales a la cuota extraordinaria mensual. CUARTO: En cuanto a los gastos de asistencia médica y medicinas, éstos serán compartidos por ambos padres, es decir el 50% de los mismos cada uno. Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal. Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala de Despacho del Juzgado de los Municipios Independencia y Libertad de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en Independencia, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil cinco. AÑOS: 195º de la Independencia y 146º de la Federación. LA JUEZA TEMPORAL, ABG. BETTY YAJAIRA VARELA MARQUEZ LA SECRETARIA, ABG. MAURIMA MOLINA COLMENARES En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 2:00 p.m., quedando registrada bajo el N° 140, se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal. Abg. Maurima Molina /Secretaria Exp. Nº 1230/2005 BYVM/mcmc. Va sin enmienda.