REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL TACHIRA
CORTE DE APELACIONES
Juez Ponente: Dr. Jafeth V. Pons Briñez.
San Cristóbal, viernes 18 de Marzo de 2005.
194º y 145º
En fecha 04 de Marzo de 2005 siendo las 9:45 de la mañana fue recibida en esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Táchira, solicitud de amparo constitucional en forma verbal dejándose constancia en acta, de conformidad con lo dispuesto en el último aparte del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, solicitud esta, interpuesta por el abogado: FERNANDO JOSE ROA RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad No. V-2808281, domiciliado en la avenida perimetral No. 6-21 Michelena estado Táchira, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 66916, quien dice actuar en su propio nombre y en representación de su hijo ELI JOSÉ ROA CONTRERAS, plenamente identificado en el expediente 7C-5237 del Juzgado de Primera Instancia en función de Control No. 07 de este mismo Circuito Judicial Penal, quien expuso:
“… Hace unos tres meses vía Alguacilazgo solicitamos al Juez de Control, la aplicación del artículo 313 del Código Orgánico procesal Penal, respecto de la Averiguación fiscal 20F5-3751-03. El caso es, que el 11 de enero de este año, acudí al archivo y solicité el expediente en cuestión, la archivista me manifestó que la Secretaria del Juzgado Séptimo de Control le había informado que el expediente había sido remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, acto seguido por medio del Alguacil de guardia, solicité entrevistarme con la secretaria en cuestión. La Secretaria me informó que efectivamente el expediente había sido enviado a Fiscalía, yo pedí se me diera el numero de oficio y fecha de remisión y comenté que tal remisión a mi entender era ilegal. La Secretaria se retiró a su oficina y yo me quedé en la sala de espera, momentos después apareció una persona del sexo masculino acompañado de la persona que dijo ser Secretaria y me manifestó ser el Juez y entre otras cosas me mostró lo que él dijo ser las actas de la averiguación 7C-5237 y que éstas no habían sido enviadas a ninguna Fiscalía, dada la situación planteada opté por retirarme del Circuito Judicial Penal. En el día de ayer en horas de la mañana, nuevamente me presenté al archivo y allí fui informado de que mediante oficio No. 151/05 de fecha 03-02-05, el expediente había sido enviado a la Fiscalía Quinta. En consecuencia, me dirigí a esta Corte de Apelaciones a fin de entrevistarme con el ciudadano Presidente del Circuito Judicial Penal a los fines de consultar sobre esta situación, se me indicó que tenía audiencia para hoy y hoy fui informado de que eso solo era posible hasta el día miércoles. Tomando en cuenta todo lo anterior y en el entendido que en el posible procedimiento que se generaría en aplicación del artículo 313 no existe la mas remota posibilidad de que nuestra solicitud y el expediente 7C-5237 pueda ser enviado a la Fiscalía Quinta, que de hecho y de derecho de alguna manera aparecería por lo menos como poco diligente en la fase preparatoria del juicio y además el hecho de no haber tenido acceso a las actas procesales, creemos que el Juzgado Séptimo de Control esta violando el principio constitucional del debido proceso y el derecho del peticionante de acceder a la información contenida en las actas del expediente, evidenciándose además un retardo indebido en la tramitación de la solicitud. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos de esta Corte de Apelaciones luego de Admitido y procesada la presente solicitud de tutela constitucional, nos restituya en el goce y ejercicio de nuestros Derechos y en protección inmediata de la Constitución. En respeto del principio Iura novit curia, nos abstenemos de fundamentar en derecho. Es Justicia que esperamos. En este acto estoy a disposición del Tribunal a los fines de si me es posible aclarar cualquier duda o punto oscuro que pudiere tener mi exposición. Eso es todo”.
Recibida la solicitud verbal, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Juez Jafeth Pons Briñez que con tal carácter suscribe el presente fallo.
En la misma fecha la Corte solicitó al accionante aclarar su solicitud de amparo lo cual realizó mediante acta de fecha 09 de Marzo de 2005, procediendo esta Corte en auto separado solicitar información adicional al Tribunal de Control quien en dos oportunidades informó lo solicitado.
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, esta única Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente causa y observa que se trata, de una acción de amparo constitucional contra actuaciones imputadas a un Juez de primera instancia en la tramitación de una causa penal y en tal sentido, reiterando los criterios sostenidos en las sentencias del 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja) se considera competente para conocer de la presente causa, y así se declara.
Ahora bien, corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la admisibilidad o no de la presente solicitud de amparo, y al efecto observa que el accionante no acompaña a su solicitud documento o prueba que de alguna forma corrobore sus dichos, no obstante tal omisión en este caso no puede ser motivo para que la Corte se abstenga de admitir el presente amparo constitucional, ya que como lo ha señalado el solicitante, la causa se encuentra físicamente en la sede el Ministerio Público, órgano que no acostumbra expedir copias fotostáticas, no obstante, estima esta Corte que con las comunicaciones remitidas a este despacho por parte del Juzgado de Control No. 07, existe presunción razonable del derecho reclamado por el accionante.
En cuanto a los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estima esta Sala que la aclaratoria hecha por el agraviado es suficiente para estimar llenos tales requisitos debiendo procederse a admitir su querella constitucional.
DECISION:
Por lo anteriormente expuesto y analizado, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, actuando en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ADMITE la presente acción de amparo constitucional intentada por el abogado FERNANDO JOSE ROA RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad No. V-2808281, domiciliado en la avenida perimetral No. 6-21 Michelena estado Táchira, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 66916, quien dice actuar en su propio nombre y en representación de su hijo ELI JOSÉ ROA CONTRERAS. En consecuencia se ordena la notificación mediante boleta acompañada de copia de la solicitud de amparo y del presente auto, del supuesto agraviante, Abogado Nelson Alexis García Morales, Juez Titular de Primera Instancia en función de Control No. 07 de este mismo Circuito Judicial Penal, y del Fiscal V del Ministerio Público Dr. Gonzalo Briceño, para que una vez notificados comparezcan a enterarse de la oportunidad en que sea fijada la celebración de la audiencia oral y pública en la presente causa, la cual tendrá lugar dentro de las 96 horas siguientes a la practica de la última de las notificaciones ordenadas. Particípese mediante oficio al Fiscal Superior de esta Circunscripción Judicial de la apertura del presente procedimiento de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Líbrese oficios y boleta.
LOS JUECES DE LA CORTE,
JAFETH VICENTE PONS BRIÑEZ
PRESIDENTE-PONENTE
JAIRO A. OROZCO CORREA JOSÉ J. BERMUDEZ C.
JUEZ JUEZ
WILLIAM GUERRERO SANTANDER
SECRETARIO DE CORTE
En la misma fecha se libró oficio y Boletas, conforme lo ordenado en el presente auto. El Secretario,
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