TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIVL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, catorce (14) de junio del 2005

195° y 146°

Previa revisión de la presente causa, se constató que la misma fue admitida el 24 de Febrero de 2003, ordenándose la citación del ciudadano Antonio José García Osorio. En fecha 26 de Febrero de 2003, la ciudadana Yorelys M. Maldonado Santana, asistida por el abogado Miguel E. Niño Andrade, solicito se oficiara al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional con sede en Caracas, a los fines de ordenar la retención del cincuenta por ciento de la prestaciones sociales devengadas por el ciudadano Antonio José García Osorio. En fecha 26 de febrero del 2003, el Tribunal acordó lo solicitado por la parte actora y se libró oficio Nº 266 al referido Instituto. En fecha 05 de Marzo, la ciudadana Yorelys Maldonado Santana, asistida por el abogado Miguel E. Niño Andrade, solicito al Tribunal, a los fines de que se oficiara al Gerente de la Junta Administradora del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional, Seguridad Social, a los fines de ordenar la retención del cincuenta por ciento de la devolución de las cotizaciones del ciudadano demandado. En fecha 07 de Marzo de 2003, el Tribunal, acordó oficiar con oficio Nº 321 al Gerente de la Junta antes citada. En fecha 20 de mayo de 2003, se agregó oficio Nº 320301-0318 procedente del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, dando respuesta a los oficios enviados por el Tribunal.
Asimismo consta en actas, que la parte actora no impulso la citación de la parte demandada, incumpliendo con su deber procesal; por lo que es forzoso concluir, que el demandante perdió interés en la prosecución del juicio.
En castigo a la inactividad a cargo de las partes en el proceso, el legislador incluyó en el texto procesal el instituto de la perención de la instancia, señalando al efecto en el encabezamiento del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; y en su Ordinal 1°, lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado......”
De la lectura de la norma transcrita se puede observar que si transcurre un año sin acto alguno de procedimiento realizado por las partes, o sí transcurren 30 días desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el actor cumpla con las obligaciones que le impone la ley para la práctica de la citación del demandado, la consecuencia jurídica prevista por el legislador ante tal quietud o inercia es la de la perención de la instancia. Además, la jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley. Siendo entonces la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público; basta que se produzcan para su declaratoria: (i) falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes, y (ii) la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento. De allí tenemos, que a partir del auto de admisión de la demanda, el actor deberá cumplir las actividades y obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación de la parte demandada, cuales eran la de cancelar los emolumentos previstos en la Ley de Arancel Judicial (hoy derogada por imperativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y posteriormente aquellos pagos que impliquen la forma de emplazamiento que hayan de producirse, como es el pago de las copias fotostáticas de la demanda que se adjuntará a la orden de comparecencia, y poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el traslado a los fines de practicar la citación.
En el caso que nos ocupa se puede constatar que desde el día 24 de Febrero de 2003; hasta la presente fecha, ha transcurrió más de un (1) año sin que la parte actora haya realizado acto alguno para la prosecución de su petitorio y alcanzar de esta manera, el fin ulterior de su requerimiento; como lo es, la disolución del vínculo conyugal existente, mediante el divorcio.
La perención se verifica de pleno derecho; no es renunciable por las partes y puede ser declarada de oficio, constituyendo un castigo para quienes proponen demandas y abandonan el interés que deben tener en el normal curso del proceso.
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Archívese el presente expediente en su oportunidad legal. EL JUEZ TEMPORAL, (fdo) Dr. PEDRO A. SÁNCHEZ RODRIGUEZ.- EL SECRETARIO, (fdo) Abg. GUILLERMO A. SANCHEZ M.- Esta el sello del Tribunal.- EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DEL PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, CERTIFICA LA EXACTITUD DE LA ANTERIOR COPIA FOTOSTÁTICA CERTIFICADA, POR SER FIEL TRASLADO DE SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE CIVIL Nº 14.445-2005 EN EL QUE YORELYS MAYTE MALDONADO SANTANA, ASISTIDA POR LA ABOGADO MIGUEL E. NIÑO ANDRADE, DEMANDA A ANTONIO JOSÉ GARCIA OSORIO, POR DIVORCIO. SAN CRISTOBAL, 14 DE JUNIO DEL 2005.

EL SECRETARIO,

Abg. GUILLERMO A. SÁNCHEZ M.