REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN FUNCIONES DE JUICIO NÚMERO CINCO

San Cristóbal, 11 de Julio de 2005
194º y 146º

Vista la solicitud realizada ante éste Despacho, por los ciudadanos OMAR ERNESTO SILVA MARTINEZ y LUIS HORACIO LOBO CONTRERAS, con el carácter de ABOGADOS DEFENSORES, que corre inserta al folio 247 y siguientes; éste Tribunal de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 4, 5, 6, 282 y 311 del Código Orgánico Procesal Penal, así como en lo pautado en el Artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; a los fines de decidir específicamente sobre lo peticionado, hace las siguientes consideraciones:

Tal como lo prevé el Artículo 19 del texto constitucional vigente, todos los órganos del Poder Público respetarán y garantizarán el ejercicio de los derechos humanos que tienen todos los ciudadanos en virtud de que se trata de derechos esenciales del hombre que no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados.
En virtud de la salvaguarda de tales derechos, establece el artículo 257 de la Constitución que el proceso es la vía expedita para lograr impartir justicia, principio que recoge el Artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal cuando expone que la finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad.
Significa esto, que el proceso ha de cumplir con todas sus fases y ha de poseer todos los recursos instrumentales y probatorios que permitan a las partes, en igualdad de condiciones, el ejercicio de sus derechos, sin que los jueces asuman decisiones que obstaculicen o posibiliten la búsqueda de la verdad y la aplicación de la justicia dentro del marco de la ley y el derecho.
Dentro de este marco, se haya también el deber de la Fiscalía del Ministerio Público de ejercer todas las acciones necesarias para impulsar la acción penal del Estado en la persecución de los hechos criminosos, siendo esto un deber que dimana del artículo 285 numerales 2 y 3 de la Constitución, y que desarrollan los artículos 11 y 24 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 11 y 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Correspondiéndole a tal órgano, conforme al artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, el responder, en principio, las solicitudes de entrega de bienes relacionados con la investigación penal. Sin embargo, se prevé también que en el caso de que el Ministerio Público negare tales pedimentos, los ciudadanos puedan recurrir al Juez de Control a los fines de que se les devuelvan dichos objetos.
Al efecto, el Artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal expresa:

“Devolución de objetos. El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retardo injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de Control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es aplicable.
El Juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos.
Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o el Fiscal, so pena de ser enjuiciados por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal”.

Del análisis se desprende que:
PRMERO: Las solicitudes de devoluciones de objetos se deberán presentar por ante el Ministerio Público, y cuando éste no responda oportunamente se podrá acudir por ante el Juez de Control.
SEGUNDO: Los bienes que pueden ser solicitados para devolución son aquellos “recogidos o incautados”, pero, se condiciona su entrega a que los mismos no sean imprescindibles para la investigación.

Al efecto, cabe señalar que dentro del nuevo esquema procesal penal vigente, el titular de la acción penal es el Ministerio Público, y en virtud de ello debe dirigir en los casos que le sean asignados, las investigaciones penales, realizadas por los órganos policiales competentes, y supervisar la legalidad de las actividades correspondientes. Esto implica, también, que debe “ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración” (Artículo 285, numeral 3 de la Constitución).

En el presente caso, referido a la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 460 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos CARLOS ANTONIO SERRANO CASTELLANOS y FRANKLIN LOZANO GARCÍA; PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 278 del Código Penal, en relación con el Artículo 9 de la Ley sobre Armas y Explosivos, en perjuicio del Orden Público y LESIONES PERSONALES INTENCIONALES CALIFICADAS, previsto y sancionado en el Artículo 415, en relación con los Artículos 420 y 408 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano CARLOS ANTONIO SERRANO CASTELLANOS se retuvieron una serie de documentos y un vehículo, cuyas descripciones constan en autos, en este caso la Fiscalía del Ministerio Público aseguró los objetos relacionados con la perpetración, a los fines de que por ser su deber, se salvaguarden elementos necesarios para el descubrimiento de la verdad de los hechos.
Mal podría, como se ha expuesto anteriormente, un Juez de Juicio, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico Procesal Penal, vulnerar mediante su acción, la finalidad del proceso que se funda en ese proceso investigativo adelantado por la Fiscalía del Ministerio Público. Puesto que el objetivo es colaborar en la búsqueda de la verdad e impartir justicia.
Es interés del Estado, y en este caso de esta Juzgadora, llegar al descubrimiento de la verdad, contando con todos aquellos elementos que se consideren necesarios para su descubrimiento.
Se trata de una situación compleja de hecho y de derecho que exige ahondar en la investigación, dentro del alcance de lo que es la investigación integral, por lo que estando dichos documentos y el vehículo tipo Moto relacionados con un delito, considera este Tribunal, que se precisa que el ente investigador tenga a su disposición dichos documentos y el vehículo Tipo Moto así como cualquier otro objeto relacionado, ante la necesidad de la práctica de cualquier diligencia de investigación en procura del esclarecimiento de los hechos y de cualesquiera otra circunstancia que permita alcanzar la justicia como finalidad del proceso.
Sin embargo, en cuanto a la Cédula de Identidad solicitada, encuentra fundada la petición, por cuanto el Artículo 3 de la Ley Orgánica de Identificación prevé que “Toda persona tiene derecho a poseer un medio de identificación desde el momento de su nacimiento”. Tratándose de un derecho que no puede ser vulnerado por virtud de encontrarse sometido a causa penal. Por lo que se acuerda su entrega.
En cuanto a los demás documentos solicitados y del Vehículo Tipo Moto, considera este Juzgador que no están satisfechos los extremos legales para proceder a la entrega de cualquier objeto activo o pasivo relacionado con el hecho punible perseguido, ni directamente, ni bajo la condición de depósito, al solicitante, de conformidad con lo establecido en el Artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual se hace procedente declarar sin lugar la solicitud, en cuanto a este orden. Y así se decide.

En consecuencia éste TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
PRIMERO: SE ACUERDA LA ENTREGA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD del ciudadano CARLOS VELASCO CHAVEZ, imputado en autos y se ordena dejar copia certificada del documento de identidad entregado.
SEGUNDO: SE NIEGA LA ENTREGA DE LOS DEMAS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y DEL VEHICULO TIPO MOTO al ciudadano CARLOS VELASCO CHAVEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 10.156.145, natural de San Cristóbal, nacido el 26-11-1973, de 31 años de edad, de profesión Funcionario de la Dirección de Seguridad y Orden Público, casado, residenciado en el Barrio La Guaira, Calle Principal, Nro. B-14, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, todo de conformidad con lo pautado en los artículos 4, 5, 6, 282 y 311 del Código Orgánico Procesal Penal, y cumpliendo con la obligación de dar respuesta a la petición formulada, tal como lo exige el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Notifíquese.





ABG. GABRIELA C. AMBROSETTI A.
JUEZ QUINTO DE JUICIO




ABG. ANGELICA JOVES CONTRERAS
SECRETARIA











CAUSA Nº 5JM-1106/05