REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE TRANSICIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.
San Cristóbal, 20 de diciembre de 2005
Expediente N° 5127-02
195º y 146°
I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.
DEMANDANTE: JOSE ANTONIO FERRER, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula N° V- 5.283.284
APODERADO JUDICIAL: ALI CAÑIZALES DÁVILA, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el IPSA bajo el N° 13.075.
DEMANDADA: Sociedad Mercantil OZONO SALUD C.A., debidamente registrada bajo el N°26, Tomo 17-A en fecha j07 de junio de 1996 en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: RUBÉN DARÍO MORENO y ESTEBAN QUINTERO, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos: 15.112 y 22.819.
MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales.
II
SÍNTESIS
Estando este Tribunal en la oportunidad para pronunciarse con respecto a la Transacción celebrada por las partes en este juicio, observa: Las partes en conflicto se presentaron ante este juzgado en fecha 19 de diciembre de 2005, a los fines de solucionar el conflicto surgido entre ellos, y consignaron escrito de Transacción mediante el cual la parte demandada ofreció a favor del trabajador reclamante la cantidad de CINCO MILLLONES DE BOLIVARES CON 00/100 Cts. (Bs.5.000.000,00) por los conceptos laborales demandados. Siendo ésta la oportunidad para que este sentenciador emita su decisión con respecto a la Transacción presentada, pasa a hacerlo en los términos siguientes:
III
MOTIVACIONES DEL FALLO.
Se inicia el presente juicio por libelo de demanda admitido en fecha 24/09/2002, por el suprimido Tribunal Primero de Primera Instancia del Trabajo y
Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante el cual el ciudadano JOSE ANTONIO FERRER demanda a la SOCIEDAD MERCANTIL OZONO SALUD C.A., en la persona del Gerente Regional, ciudadano EDUARDO SANTOS por concepto de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.
En fechas 28 y 29 de octubre de 2002, el apoderado de la parte demandada en vez de contestar la demanda consignó escritos de oposición a cuestiones previas.
En fecha 30 de octubre de 2002 el apoderado de la parte demandante consignó escrito de subsanación a cuestiones previas;
En fecha 15 de octubre de 2003, el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, dictó sentencia interlocutoria sobre las cuestiones previas.
En fecha 12 de noviembre de 2003, el apoderado de la parte demandada, presentó escrito de contestación a la demanda.
En Fecha 19/11/2003 la parte demandante consignó escrito de pruebas;
En fecha 24 de noviembre de 2003 lo consignó la parte demandada.
Las mismas fueron admitidas por auto separado en fecha 26 de noviembre de 2003.
Sólo la parte demandante presentó escrito de informes, en fecha 01 de marzo de 2004.
En fecha 22 de noviembre de 2005 el Juez José Gregorio Hernández Ballén dictó decisión en la presente causa.
Visto el escrito señalado anteriormente, presentado voluntariamente por las partes, mediante el cual a través de los medios alternos de solución de conflictos, pretenden ponerle fin al conflicto ínter subjetivo surgido entre ellos, corresponde a este sentenciador, verificar si la mencionada Transacción realmente cumple los extremos de Ley para impartirle la respectiva homologación y de este modo, garantizar los derechos constitucionales que informan el derecho al trabajo, y que tienden a proteger al trabajador como débil económico y tutelado jurídico de la relación laboral.
La Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 3° Parágrafo Único, y el reglamento de la referida Ley, en su artículo 9 y 10, así como el 89 numeral 2° de la Carta Magna, consagran que la circunstancia de existencia del principio constitucional de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, no excluye la posibilidad de que las partes realicen transacciones, siempre y cuando cumplan los requisitos estatuidos en los citados artículos del Reglamento. En tal sentido, se observa que la Transacción celebrada versa sobre hechos controvertidos objeto del presente litigio y tiene una relación circunstanciada de los hechos que la motivan, en donde se evidencia que cada uno de los sujetos procesales manifiesta su punto de vista con respecto a lo controvertido del conflicto y finalmente, el accionado con el propósito de poner fin a este litigio, accede a cancelar a la parte acccionante la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES CON 00/100 Cts. (Bs.5.000.000,oo), cantidad que fue recibida por el representante judicial del trabajador, mediante cheque N° 00534406 de fecha 16/12/2005, quien manifestó su conformidad.
Con respecto a las citadas normas jurídicas de naturaleza laboral, tenemos que en el artículo 9º del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo se lee lo siguiente:
“Artículo 9º: Principio de Irrenunciabilidad (Transacción Laboral). El Principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador, en los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, no impedirá la celebración de transacciones, siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito o contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.”
Asimismo, la Ley Orgánica del Trabajo consagra el principio en el artículo 3°, en el que tampoco se excluye la posibilidad de transacción, siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la causen y de los derechos que le sirvan de supuesto (artículo 3, parágrafo único).
La Constitución del 61 rezaba lo siguiente:
“Artículo 85.- El trabajo será objeto de protección especial. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores. Son irrenunciables por el trabajador las disposiciones que la ley establezca para favorecerlo o protegerlo.”
Por su parte, la nueva Constitución consagra el principio en los siguientes términos:
“Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
(omissis). Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.”
Respecto a la transacción, CABANELLAS considera que en ésta no se produce la renuncia de un derecho, a lo sumo, la renuncia de una esperanza, pues el derecho se determina cuando existe una sentencia judicial que lo acredita, por lo que “El consentimiento presentado por las partes que transigen lo motiva la duda, siempre posible, de que su derecho pueda carecer de validez. Pero tal duda, según se pretende por algunos autores y por determinadas legislaciones, no puede surgir en el proceso laboral, por estimar que los derechos derivados del Derecho del Trabajo son siempre incuestionables, incontrovertibles, definidos por leyes consideradas de
orden público. No se tiene en cuenta en tal concepción que las leyes de orden público no se crean, están en la realidad de los hechos y derechos que sancionan...”. (Tratado de Derecho Laboral, Ediciones El Gráfico, Buenos Aires, Tomo 1, pág. 412).
Lo que se prohíbe al empleador y al trabajador, en principio, es renunciar a las disposiciones favorables a la Ley del Trabajo, por ejemplo, celebrar un contrato
en que se estipule que no habrá derecho a vacaciones, preaviso, antigüedad,
cesantía, etc., pues tal cláusula sería absolutamente nula en cualquier convención, pero el trabajador es libre, al finalizar su contrato de trabajo, de hacer cualquier transacción por las indemnizaciones a que pueda tener derecho en un litigio inmediato o futuro.
La Sala Casación Civil de la otrora Corte Suprema de Justicia, emitida el 11 de marzo de 1993, refleja una admisión sin cortapisas de la transacción, del convenimiento y la conciliación en sede judicial, más no del desistimiento, al cual restringe a la sola renuncia del procedimiento, y que a la letra es del siguiente tenor:
“Es ampliamente conocido en el medio jurídico laboral, el carácter de irrenunciables que ostentan los derechos adquiridos de todo trabajador. Este principio está consagrado constitucional y legalmente en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente y en cuanto al último de los rubros referidos, en el artículo 16 de la derogada Ley del Trabajo, y acogido en el artículo 3 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo.
Sin embargo, el artículo 31 del Reglamento de la Ley del Trabajo, establece la posibilidad de que a las reclamaciones laborales que surjan entre patrono y trabajador por concepto de derechos de éste último, se les dé término mediante transacción o conciliación, sin que esto signifique, en forma alguna, abandono de derechos ‘irrenunciables’ para el trabajador.
IV
DISPOSITIVO DEL FALLO
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO DE TRANSICIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara que la Transacción presentada y celebrada por los abogados ALÍ CAÑIZALES DÁVILA, apoderado del ciudadano JOSE ANTONIO FERRER; y RUBÉN DARÍO MORENO, representante de la Demandada Sociedad Mercantil OZONO SALUD C.A , en fecha diecinueve (19) de diciembre de 2005, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 3° Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo, 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo; y 89 numeral 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este sentenciador, le imparte su respectiva HOMOLOGACIÓN y así se decide. En consecuencia se declara:
PRIMERO: Se HOMOLOGA la Transacción celebrada en fecha 19 de diciembre de 2005 por las partes en este juicio.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo y 10 de su Reglamento, se le otorga el carácter de Cosa Juzgada a la Transacción antes aludida, y por ello, se ordena el Archivo de la presente causa.
TERCERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 62 Parágrafo Único de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no habrá condenatoria en costas en este proceso.
PUBLIQUESE, REGISTRESE y DEJESE COPIA.
El Juez,
Abog. Pedro A. Cañas Rivera
La Secretaria,
Abog. Nory Gotera Bravo
En la misma fecha, siendo las diez de la mañana se registró y publicó la anterior decisión, dejándose copia certificada de la misma para el archivo de este Tribunal.
La Secretaria,
Abog. Nory Gotera Bravo
Exp. N° 5127-02
JGHB/yhm
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