REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO San Cristóbal, 11 de Agosto de 2005 194º y 146º Por cuanto observa el Tribunal que en la presente Causa Nº 5JU-719/03, corre inserto a los folios 100 y 114 resultas de las Boletas de Citación libradas al imputado de autos MARIO CAICEDO ALUMA y/o ENRIQUE REYES, de fechas 16-07-2004 y 12-04-2005, en la que el Alguacil José Vivas, funcionario Adscrito a la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira deja constancia que no fue posible realizar la citación por cuanto no fue posible realizar las citaciones debido a que en esa dirección no lo conocen y se preguntó a los vecinos y tampoco conocen al citado. Igualmente, corre inserto al folio 132 auto del Tribunal donde deja constancia que el día cuatro (4) de Agosto de 2005, fecha fijada para la realización del Juicio Oral y Público no se hizo presente el imputado MARIO CAICEDO ALUMA y/o ENRIQUE REYES, de nacionalidad venezolana, natural de Tocanizó, Estado Mérida, indocumentada, nacido en fecha 28-10-1960, concubino, profesión u oficio Obrero, residenciado en Perico, Granjas Infantiles, Vía Mirador, Casa sin número, Estado Táchira. Por consiguiente, este Tribunal en base a lo previsto en los artículos 4, 5, 6 251, Parágrafo Segundo del Código Orgánico Procesal Penal , RESUELVE DE OFICIO REVOCAR LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN que le fuera otorgada por este despacho al imputado MARIO CAICEDO ALUMA y/o ENRIQUE REYES y lo hace sobre la siguiente fundamentación: PRIMERO: Al folio 80 y siguientes, consta que efectivamente en fecha tres (3) de Diciembre del año dos mil tres (2003) el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio, OTORGO MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD a favor del imputado MARIO CAICEDO ALUMA y/o ENRIQUE REYES, quedando establecido la obligación de presentarse cada quince (15) días en horas de Oficina ante el Despacho de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal e igualmente mantener informado al Tribunal sobre cualquier cambio de domicilio. Ahora bien, como quiera que a los folios 100 y 114 consta suficientemente resultas de las citaciones suscrita por el Alguacil José Vivas, funcionario Adscrito a la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira donde deja constancia que no fue posible realizar la citación por cuanto en esa dirección no los conocen y se preguntó a los vecinos y tampoco conocen al citado, es por lo que este Despacho considera que efectivamente con dicha incomparecencia se esta obstaculizando la denominada prosecución penal, incurriendo el imputado consecuentemente en los extremos de las disposiciones legales que a continuación se explanaran. SEGUNDO: Encuentra esta Juzgadora que efectivamente el Artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal textualmente señala que: “Revocatoria por incumplimiento. La medida cautelar acordada al imputado será revocada por el Juez de Control, de oficio o previa solicitud del Ministerio Público, o de la victima que se haya constituido en querellante, en los siguientes casos: 1.- Cuando el imputado apareciere fuera del lugar donde debe permanecer; 2.- Cuando no comparezca injustificadamente ante la autoridad judicial o del Ministerio Público que lo cite; 3.- Cuando incumpla sin motivo justificado, una cualquiera de las presentaciones a que este obligado. Parágrafo Primero: Cuando se determina que el imputado, al tiempo de serle concedida una medida cautelar sustitutiva, le hubiese sido acordada otra con anterioridad el Juez apreciara las circunstancias del caso y decidirá al respecto. Parágrafo Segundo: La revocatoria a la Medida Cautelar sustitutiva, cuando el imputado no pueda ser aprehendido dará lugar a la ejecución de la caución que se hubiere constituido.” Igualmente, el parágrafo segundo del Artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal señala textualmente que: “La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga y motivaran la revocatoria de oficio o a petición de parte de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado”. TERCERO: En este mismo orden de ideas es pues notorio el incumplimiento del imputado en cuanto a la actualización del domicilio o de información al Despacho sobre su nueva residencia, constituyendo tal circunstancia una manifiesta presunción de fuga, pues es obvio que al no hacer acto de presencia al Tribunal prácticamente se paraliza el proceso lo que iría en desmedro del alcance de una verdadera realización de justicia. CUARTO: En vista de las consideraciones anteriores este Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira en base a lo pautado en los Artículos 4, 5, 6, 251 parágrafo segundo y Articulo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, considera procedente revocar como en efecto REVOCA DE OFICIO LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD que fuera otorgada por este Tribunal en tres (3) de Diciembre del año dos mil tres (2003) a favor de MARIO CAICEDO ALUMA y/o ENRIQUE REYES y finalmente materializada con el otorgamiento de la libertad al referido ciudadano; Y DECRETA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD DEL IMPUTADO, por la presunta comisión de los delitos de POSESION DE ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el Artículo 36 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y FALSA ATESTACION ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el Artículo 321 del Código Penal, en perjuicio de la colectividad y del Estado Venezolano, de conformidad con lo previsto en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. EN CONSECUENCIA ESTE JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY RESUELVE: PRIMERO: REVOCA DE OFICIO la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD que fuera otorgada al imputado MARIO CAICEDO ALUMA y/o ENRIQUE REYES, de nacionalidad venezolana, natural de Tocanizó, Estado Mérida, indocumentada, nacido en fecha 28-10-1960, concubino, profesión u oficio Obrero, residenciado en Perico, Granjas Infantiles, Vía Mirador, Casa sin número, Estado Táchira, y DECRETA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD DEL IMPUTADO, por la presunta comisión de los delitos de POSESION DE ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el Artículo 36 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y FALSA ATESTACION ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el Artículo 321 del Código Penal, en perjuicio de la colectividad y del Estado Venezolano, con fundamento a lo previsto en los Artículos 4, 5, 6, 251 y 262 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Ordena la captura de los referidos ciudadanos y su inmediato traslado al Centro Penitenciario de Occidente a Ordenes de este Despacho, en base a lo pautado en el numeral 1º del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Líbrese las Ordenes de Capturas respectivas. Hágase las notificaciones que correspondan. Cúmplase. ABG. GABRIELA C. AMBROSETTI A. JUEZ QUINTO DE JUICIO ABG. GEIBBY GARABAN O. SECRETARIA CAUSA Nº 5JU-719/03