TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, nueve de agosto de dos mil cinco.

195° y 146°

Previa revisión de la presente causa, quien aquí suscribe constató que la misma, fue admitida el 22 de agosto de 2003, y se decretó medida de embargo preventivo.
En escrito de fecha 11 de febrero de 2004, el abogado Ricardo Alonso Valbuena Montilla, hizo oposición a la medida.
Mediante auto de fecha 18 de marzo de 2004, se declaró sin lugar dicha oposición.
En fecha 25 de marzo de 2004, el abogado Ricardo Alonso Valbuena Montilla, apeló del auto de fecha 18/03/2004, la cual fue oida en un solo efecto, y fue remitido el cuaderno de medidas con oficio N° 370.
Por sentencia de fecha 21 de mayo de 2004, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de estabilidad laboral, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial, declaró sin lugar la apelación interpuesta y confirmó el auto dictado en fecha 18 de marzo de 2.004.
En fecha 12 de julio de 2004, se recibió el cuaderno de medidas y se le dio entrada en este Tribunal.
Así mismo no consta en actas, que la parte actora haya efectuado actuación alguna en el tiempo otorgado por el legislador; por lo que es forzoso concluir, que el demandante perdió interés en la prosecución del juicio.
En castigo a la inactividad a cargo de las partes en el proceso, el legislador incluyó en el texto procesal el instituto de la perención de la instancia, señalando al efecto en el encabezamiento del artículo 267 y en el ordinal 1° lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado......”

De la lectura de la norma transcrita se puede observar que si transcurre un año sin acto alguno de procedimiento realizado por las partes, o sí transcurren 30 días desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el actor cumpla con las obligaciones que le impone la ley para la practica de la citación de la parte demandada, la consecuencia jurídica prevista por el legislador ante tal quietud o inercia es la de la perención de la instancia. Además la jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas, entraña una renuncia a continuar la instancia.
En el caso que nos ocupa se puede constatar que desde el día 01 de abril de 2004, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un año sin que la parte actora haya realizado acto alguno para impulsar la citación de la parte demandada. La perención se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede ser declarada de oficio, constituyendo un castigo para quienes proponen demandas y abandonan el interés que deben tener en el normal curso del proceso.
Ahora bien, como lo ha sostenido reiteradamente nuestro más alto Tribunal de la República, el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley, siendo entonces la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta que se produzcan para su declaratoria: (i) falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes, y (ii) la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento.
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, en el presente procedimiento judicial. Se levanta la medida de embargo preventivo decretada.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Archívese el presente expediente en su oportunidad legal.
(fdo) Pedro Alfonso Sánchez Rodríguez. Juez Temporal. (fdo) RAMÓN JAVIER SARMIENTO SÁNCHEZ. (hay sello del Tribunal).
EL SUSCRITO SECRETARIO TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 111 Y 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CERTIFICA: QUE LAS PRESENTES COPIAS SON TRASLADO FIEL Y EXACTO DE SUS ORIGINALES LAS CUALES CURSAN EN EL EXPEDIENTE CIVIL- N° 14770-2003, EN EL CUAL EL ABOGADO MARINO JOSÉ SILVA BARRUETA, DEMANDA A JAVIER FERNANDO FLOREZ MALDONADO, POR COBRO DE BOLIVARES INTIMACIÓN.

EL SECRETARIO
RAMON JAVIER SARMIENTO SANCHEZ
ABP.