Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario Circunscripción Judicial del Estado Táchira Funcionaria inhibida: Jeanne Lisbeth Fernández de Acosta, Juez Temporal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Motivo: Inhibición fundamentada en la causal 22º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil - Incidencia surgida en el juicio por cumplimiento de contratote arrendamiento, interpuesto por Luis Rosario Chacon Pabon contra Ligia Mogollon de Granados. En el juicio de cumplimiento de contratote arrendamiento, seguido por Luis Rosario Chacon Pavón, contra Ligia Mogollon de Granados, la Juez Temporal del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, se inhibe de continuar conociendo de la causa, con fundamento en la causal señalada en el ordinal 22º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el juez que dicto la decisión de fecha 9 de junio de 2003 es su progenitor. (f. 1). Vencido el lapso de allanamiento, el 27 de noviembre de 2003 (f. 2), se remite el expediente al Juzgado distribuidor de Primera Instancia y copia certificada de las actas relativas a la incidencia, al Juzgado Superior distribuidor, recibidas en esta alzada, previa distribución, según consta en auto del 22 de marzo del 2004 (f. 19), en el que se ordena formar expediente. Aparece a los folios 10 al 17 decisión dictada por el Abogado José O Fernández, en su carácter de Juez Accidental del Municipio Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Tachira. El Tribunal para decidir observa: La materia deferida al conocimiento de este Tribunal Superior, trata de la inhibición de la Abogado Jeanne Lisbeth Fernández de Acosta, Juez Temporal del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, para continuar conociendo del juicio de cumplimiento de contrato de arrendamiento, interpuesto por Luis Rosario Chacon Pavón, contra Ligia Mogollon de Granados, por considerar que se encuentra incursa en la causal 22º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, o sea por cuanto el Juez que dicto la decisión en fecha 9 de junio de 2003 es su progenitor. Rengel Romberg, A., en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, define la inhibición como “el acto del Juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa completa, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ellas, previstas en la ley como causa de recusación”. Por su parte, Marcano Rodríguez, en la obra Apuntaciones Analíticas expresa: Llámase inhibición, la abstención espontánea de un funcionario judicial para conocer de un asunto, por encontrarse comprendido en alguna de las causales determinadas expresamente por la ley y recusación, el medio o recurso concedido por la misma, a las partes en un juicio para obtener que se pronuncie la separación del conocimiento del litigio contra el funcionario que, habiendo debido abstenerse voluntariamente no lo ha hecho, no obstante estar comprendido en alguna causal legítima de inhibición. Tanto la una como la otra institución, tienen por único origen la falta de imparcialidad en el funcionario, ya sea que el mismo desconfíe de su espíritu de ecuanimidad y de justicia ante las imposiciones de la gratitud o de las prevenciones del odio, ante las tentaciones de las conveniencias personales y de tantas otras circunstancias que ponen en tortura y a veces corrompen la conciencia del hombre, ya sea que, guiado por una conducta opuesta y no obstante esos hechos, pretenda el funcionario el mejor atributo de un Juez, decidir la causa sin aquél espíritu. El primer caso es el de la inhibición, el segundo el de la recusación. Ahora bien, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil establece que la forma de inhibirse el funcionario judicial es mediante un acta, en la que exprese los fundamentos que son motivo del impedimento para seguir conociendo, es decir, la incidencia de inhibición nace con la declaración escrita del funcionario judicial, en cualquier estado de la causa, de abstenerse voluntariamente de continuar conociendo del juicio. Por otra parte, en nuestro sistema procesal, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece cuál es el funcionario competente para conocer la incidencia de inhibición y en el caso de tribunales unipersonales, el artículo 48 de la citada ley, dice textualmente: Artículo 48. La inhibición o recusación de los jueces en los tribunales unipersonales serán decididas por el Tribunal de alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad y en el caso contrario, los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento el fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el Tribunal de alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro Tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia o del fondo del asunto en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición. Las causas criminales no se paralizarán, sino que las actas serán enviadas a otro Tribunal de la misma categoría, si lo hubiere, para continuar conociendo el procedimiento. Del escudriñamiento de las actas procesales con las cuales se formó expediente en esta alzada, se infiere que la inhibición fue declarada mediante acta, conforme a las previsiones legales transcritas en el presente fallo y que el funcionario que se inhibe, Abogada Jeanne Lisbeth Fernández de Acosta, es Juez Temporal del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. En este orden de ideas, esta alzada considera procedente declarar con lugar la inhibición contenida en el acta de fecha 24 de noviembre de 2003, por cuanto en ella se evidencia la disposición de desprenderse del conocimiento del juicio de cumplimiento de contrato de arrendamiento que sigue Luis Rosario Chacon Pavón, contra Ligia Mogollon de Granados, por encontrarse incursa en la causal señalada en el numeral 22º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil pues es un hecho publico y notorio que el abogado José O Fernández, es su progenitor, y en autos consta decisión dictada por su progenitor, por lo que debe declararse con lugar la inhibición de la Abogado Jeanne Lisbeth Fernández de Acosta, Juez Temporal del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, para continuar conociendo del juicio indicado ut supra y así se resuelve. Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: Primero: Declara con lugar la inhibición propuesta por la Abogado Jeanne Lisbeth Fernández de Acosta, Juez Temporal del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, contenida en acta de fecha 24 de noviembre de 2003, para continuar conociendo del juicio de cumplimiento de contrato de arrendamiento, que sigue Luis Rosario Chacon Pabón, contra Ligia Mogollon de Granados, por encontrarse incursa en la causal señalada en el numeral 22º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Segundo: Remítase con oficio, copia certificada de la presente decisión, a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. Regístrese, déjese copia fotostática certificada de la presente decisión, conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y archívese el expediente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en el Edificio Nacional de la ciudad de San Cristóbal, a los 25 días del mes de marzo del 2004. Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación. La Juez Titular, Carmen Elvigia Porras Escalante La Secretaria, Bilma Carrillo Moreno En la misma fecha, siendo las diez y cinco minutos de la mañana (10:05 a.m.), se publicó la anterior decisión y se dejó copia fotostática certificada de la misma para el archivo del Tribunal. BCM/am Exp. Nº 5392